Comunicado: La Red Colombiana de Lugares de Memoria, integrada por 26 lugares de memoria ubicados en diferentes regiones del país, expresa su indignación y profundo rechazo por los asesinatos y amenazas a los líderes en diversas regiones de Colombia, y su preocupación por el robo del computador portátil de Adriel José Ruiz Galván, coordinador de la Capilla de la Memoria y de la organización Fundescodes, que respaldan junto con un equipo técnico y socio jurídico del Comité Inter-organizacional por la defensa de los territorios ganados al mar en Buenaventura, procesos de reclamación por el despojo de tierras en Buenaventura.
El computador robado contiene información sumamente valiosa en relación con la defensa de los derechos de las comunidades de Buenaventura, y en particular de los casos de despojo sistemático de tierras tras la dinámica de expansión portuaria. Este robo se dio el 29 de enero, en medio de las exequias de Temístocles Machado, quien era miembro del comité Inter-organizacional y del proceso del paro cívico.
La cartografía, estadísticas, investigaciones y pruebas presentadas por el Comité Inter- organizacional, el Comité Marcha y demás organizaciones y personas testimoniales en audiencia pública en el Congreso en abril de 2016 “Victimas del desarrollo y estado de cosas inconstitucionales en Buenaventura”, mostraron que las violaciones al derecho a la vida, movilidad, libre tránsito, seguridad y los actos crueles, inhumanos y degradantes que viene afrontando la población de Buenaventura desde hace más de dos décadas, se presentan en mayor número en los lugares donde se adelantan los 14 megaproyectos de ampliación portuaria. Los denunciantes coincidieron en afirmar que los grandes proyectos de infraestructura portuaria han sido implementados de manera inconsulta y violando normas del derecho interno y del derecho internacional humanitario, que es un proyecto legal que viola de manera sistemática los derechos étnicos colectivos de las comunidades afro urbanas.
La memoria histórica como un derecho de los pueblos a contar y a conocer lo que les ha sucedido, también es parte del proceso de defensa del territorio y de sus comunidades por él vienen trabajando desde hace más de una década, lugares de memoria en Buenaventura como la Capilla de la Memoria y la Casa de Triana, y personas como Adriel Ruiz. Lugares materiales y espirituales, que contienen fotografías de las personas desaparecidas y asesinadas en los últimos 20 años en la región, objetos de la memoria que sirven para recordar y reconstruir las historias y trayectorias sociales, los hechos y los contextos. Un trabajo que busca la interlocución entre las iniciativas de memoria, la administración local y las entidades garantes de los derechos de las víctimas del conflicto armado; el desarrollo de espacios y productos artísticos con jóvenes y mujeres que ayuden al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la reparación simbólica colectiva desde los territorios y la construcción de una cultura de paz.
Para la Red Colombiana de Lugares de Memoria es necesario realizar acciones que protejan lugares y territorios de memoria en Colombia y sus archivos, como base fundamental para el proceso de esclarecimiento de la verdad y búsqueda de justicia, y el respeto a la diversidad, a la dignidad y a los derechos humanos de las personas y colectividades. Por estas razones y ante la preocupante situación que viven los líderes y las comunidades en Buenaventura:
Insta a las organizaciones internacionales para que alerte al gobierno de Colombia sobre el riesgo inminente de desarticulación de la dinámica de base de defensa de los territorios ganados al mar en Buenaventura.
Solicita a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, las acciones suficientes y necesarias para generar ante todo prevención de nuevos hechos en contra de la integridad física y psicológica de Adriel Ruíz, Fundescodes, el Comité Inter organizacional y el Comité de paro cívico en Buenaventura:
Llama a la comunidad nacional e internacional a acompañar esta solicitud y demandar de manera urgente garantías para la vida y para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia.
